BAJO RESERVA

AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS han encontrado durante años oídos sordos y gestos de apatía en funcionarios mexicanos, incluso bajo gobiernos del PAN, ante los reportes de que ex gobernadores del PRI en Tamaulipas sostuvieron tratos con los cárteles de la droga y los usaron para lavar sus propios capitales. Nos dicen, en inglés y en español, que la iniciativa para llevar ante la justicia a estos personajes, en particular al ex gobernador Tomás Yarrington (1999-2004), no está radicada en México y no especialmente en la administración de Felipe Calderón, sino en la Unión Americana y, en concreto, en la DEA.
 

ESTAS FUENTES nos aseguran que el sistema de justicia estadounidense podría determinar en las próximas semanas solicitar la extradición de Yarrington Ruvalcaba, descrito en reportes de la DEA como “socio de Osiel Cárdenas”, una de las principales cabezas del crimen en el país. Don Tomás, usted recordará, intentó en 2005 ser candidato por su partido a la Presidencia de la República y formó parte del coloquialmente llamado Tucom, para oponerse a las aspiraciones del entonces dirigente nacional del tricolor, Roberto Madrazo, quien finalmente fue postulado y después derrotado por Felipe Calderón.
 

HILLARY CLINTON, la secretaria de Estado estadounidense, una de las negociadoras más duras en el equipo del presidente Barack Obama, estará aquí en marzo, según nos confirman en los pasillos de nuestra diplomacia, que encabeza la canciller Patricia Espinosa. Pero no se sabe aún oficialmente si la presencia de la señora Clinton tiene algo que ver con el escándalo de los ex gobernadores tamaulipecos, con las elecciones de julio próximo o con otro tipo de agenda. ¿Usted qué cree? 
 

EL IFAI y el Senado han entrado en estado de alerta ante la posibilidad de que se concrete la versión de que Ricardo Celis Aguilar Álvarez, consejero jurídico adjunto de la Presidencia de la República, será designado para cubrir la vacante de comisionado en el instituto, órgano garante de la transparencia y la protección de datos personales. Además de la carga de ser funcionario público, no se conoce a Celis antecedente alguno en estas materias, que sí ostentan otros mencionados, como los catedráticos Juan Francisco Escobedo o José Roldán Xopa. Nos dicen que los impulsores de esta propuesta son el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y el jefe de la Consejería Jurídica, Miguel Alessio Robles. De acuerdo con la Constitución, el Senado tiene hasta un mes para impugnar una designación, a partir de que se produzca. 
 

MARCELO EBRARD ha intentado impulsar a políticos afines en unas cuantas posiciones para los comicios programados en el DF en julio. Pero las corrientes buscan bloquear al jefe de Gobierno, incluso esas pocas posiciones. Él respalda a gente suya en Iztapalapa, en Miguel Hidalgo —aunque quien era su favorito acaba de declinar— y en Cuajimalpa, las dos últimas en manos del PAN actualmente. En Cuajimalpa la postulación se resolvió en favor de Luis Rosendo Gutiérrez, un antiguo colaborador de Mario Delgado. Pero un aspirante fuerte, Adrián Ruvalcaba, migró a la coalición PRI-Verde alegando malos tratos de René Bejarano. Ahora ya encabeza un trabuco que incluye para diputado local a Jaime Ochoa —gente del peñista Luis Videgaray—, y a Guillermo Sesma, para diputado federal.