`Barren` jefes AFI`s en el País

MEXICO, D.F.- La lucha anticrimen prometida por Marisela Morales, procuradora general de la República, no sólo se enfoca a los cárteles de las drogas y la advertencia de llevar a cabo una limpia general en la institución, la cual ha sido una realidad con la remoción de sus cargos de casi todos los delegados en el país, y ahora la barredora hace caer a 26 jefes de la Policía Federal Investigadora, en tanto que los restantes seis están en la tablita.

Los cesados no aprobaron los exámenes de confianza en la PGR, pero con todo y eso amenazan con protestas en esta capital.

Pero lo cierto es que el Consejo de Participación Ciudadana avala la medida de Marisela Morales, titular de la dependencia federal, quien desde antes, cuando estaba al frente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), prometió una lucha al crimen que se extendería hasta el mismo personal de la institución.

De hecho, la designación de Marisela Morales como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) causó controversia en el Senado de la República, debido al respaldo hacia ella por el Presidente Felipe Calderón.

En esa histórica sesión, el senador Jesús Murillo Karam anunció que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sufragaba en favor de Morales por considerar que es elegible para el cargo, cumple con los requisitos de ley “y no tiene problemas de corrupción, deshonestidad o ilegalidad”.

Dijo ante el pleno que “además, por primera vez en muchos años, el titular de la PGR surge del propio Ministerio Público Federal, que lo conoce y ha trabajado con él, por lo que Morales tiene perfil, trayectoria y compromiso”, añadió.

En esa ocasión, Murillo Karam admitió que se requiere dotar de mayor autonomía a la PGR, aunque ello no debe convertirse en una patente de corzo para que pudiera apoderarse de la Procuraduría una fuerza más peligrosa.

Meses después, y ante la renuncia de 21 de sus delegados, la procuradora declaró que busca recuperar la confianza ciudadana y advirtió que los funcionarios de esa dependencia no podrán escudarse en su cargo para actuar de manera deshonesta.

“No se permitirá que funcionarios se escuden en un cargo, pues traicionan al país, a los mexicanos y a las instituciones. Eso no lo vamos a permitir", advirtió.

Estas personas han lastimado la credibilidad de las instituciones y vamos a actuar sin alguna consideración, con todo el rigor de la ley. "Estamos en una depuración a fondo de la PGR", dijo Marisela Morales días después.

PROYECTO DIAMANTE

En noviembre del año pasado la procuradora dejó en claro que no se amilana y por el contrario, aseguró ante diputados federales con los que se reunió, que la dependencia que encabeza se encuentra bajo un estricto proceso de depuración y que durante su administración no permitirá espacios para la corrupción de sus subordinados.

Ante legisladores de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, Justicia y Función Pública, la funcionaria juró responder con verdad a los cuestionamientos que le plantearon y dijo que sabe de la responsabilidad que lleva a cuestas.

Morales Ibáñez explicó que por ello desarrolló el ‘Proyecto Diamante’, programa con el que pretende maximizar las capacidades de la Policía Ministerial y de los Ministerios Públicos con criterios homogéneos.

“Uno de los temas que preocupan a la población es el tráfico de armas de fuego y explosivos, lo que nos obligó a establecer el compromiso de disminuir el trasiego de armamento utilizando tecnología avanzada y el intercambio de información con Estados Unidos”, expuso a los legisladores de todos los partidos políticos.

La reciente limpia de 21 delegados de la Procuraduría General de la República (PGR) hecha en el mes de agosto en todo el país, no es nada nuevo en su trayectoria, ya que durante su gestión en la SIEDO renunciaron más de 600 funcionarios.

Según especialistas en la materia, este movimiento persigue un doble propósito: “Sin duda se trató de una limpia”, pero es también una muestra del espíritu reformista de la procuradora, quien busca traer a la dependencia una transformación y un “nuevo acceso a la justicia, como ella misma lo definió, con funcionarios mejor preparados y confiables”.

Marisela Morales estaba al frente de la SIEDO cuando se realizaron dos operaciones con el mismo perfil: La más fuerte la de la PGR, la cual llamó ‘Operación Limpieza’ iniciada en agosto de 2008, que dejó al descubierto la infiltración del narco en la SIEDO, por lo que Noé Ramírez Mandujano, ex zar antidrogas, fue detenido por su presunta colaboración con el cártel de los Beltrán Leyva.

Varios funcionarios más fueron remitidos, entre ellos 35 ministerios públicos y agentes federales de investigación.

En diciembre de 2008, siendo titular de la SIEDO, recibió amenazas anónimas en contra de su integridad física y la de su familia.

Esto después de las acciones que emprendió al frente de la fiscalía, a la cual llegó en sustitución de Noé Ramírez Mandujano, a quien se le relacionó con el Cártel del Pacífico.

Lo anterior debido a que Marisela Morales Ibáñez confirmó que mandos de la dependencia recibieron pagos del narcotráfico a cambio de información clasificada.

En esa ocasión trascendió que entre los funcionarios que se encontraban asalariados por el cártel de los Beltrán estaban el coordinador general técnico de la SIEDO, Miguel Colorado González, y el director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de la misma, Fernando Rivera Hernández.

De acuerdo con la funcionaria, ambos recibieron pagos de hasta 450 mil dólares mensuales de la organización de los Beltrán Leyva. La misma cantidad y el mismo cártel que se le imputa a Ramírez Mandujano.

De ello, el gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de Colorado González; mientras que Rivera Hernández fue recluido en el penal de Puente Grande, en Jalisco.